Por Alicia Ruiz, para el Proyecto Decarboost; Adriana Bazán Fuster, Climate Finance Sr. Associate en Center for Clean Air Policy (CCAP)
Julio 2021
Según el Foro Económico Mundial (WEF), el sistema financiero puede desempeñar una función decisiva en la transformación de las economías, concretamente mediante inversiones que tengan en cuenta los factores ambientales, sociales y de gobernanza empresarial (ESG, por sus siglas en inglés), que ayuden a lograr una recuperación sostenible y un futuro mejor. La crisis del cambio climático tiene muchos paralelismos con la pandemia, una amenaza a la región y al mundo con consecuencias económicas y sanitarias aún más graves. Las inversiones en ESG representan más de USD 20 billones, lo que representa el 25% de todos los activos gestionados profesionalmente en todo el mundo y que, a menudo, igualan o incluso superan las inversiones tradicionales.
El WEF también señala que, para los gobiernos preocupados por los presupuestos fiscales durante la recuperación, las inversiones ESG no implican nuevos e importantes desembolsos en efectivo; de hecho, se presentan como políticas de bajo costo pues con estas, se se transfiere de las empresas que hacen poco o ningún esfuerzo para abordar el cambio climático a empresas que se toman la amenaza en serio y están haciendo un gran esfuerzo para abordarla. Un país puede dar prioridad en sus inversiones a la lucha contra el cambio climático y otras preocupaciones sociales y ambientales sin perder el rendimiento financiero. No existe un equilibrio entre las inversiones en bienes ambientales y los beneficios financieros, y el hecho de no beneficiarse de ellos es una excusa para evitar las transformaciones que deben tener lugar.
La comunidad de inversionistas considera que Latinoamérica y El Caribe es una excelente región para nuevas inversiones en materia de ESG; así mismo, las inversiones de impacto (impact investment, por sus siglas en inglés) podrían ayudar a combatir los desafíos sociales y ambientales que enfrenta la región. En una entrevista para The Dialogue, Blackrock expresa que los fondos de pensiones están aumentando su interés en las inversiones ESG, pero que no existe una exposición nacional. También destaca la importancia de aumentar la conciencia de la sostenibilidad entre los consumidores e inversores para impulsar el cambio en la región; en esta misma entrevista, The Association for Private Capital Investment in Latin America (LAVCA) menciona que las inversiones ESG han ido creciendo durante la última década, y que los gestores de los fondos han dedicado nuevos recursos a supervisar y medir el impacto social y ambiental de sus inversiones; destacando además la oportunidad y el apetito de invertir en empresas y proyectos que producen resultados sociales y ambientales tangibles.
En un informe de NewClimate Institute se señala que las instituciones financieras con activos acumulados de al menos USD 47 billones, están actualmente comprometidas con objetivos de inversión climática en Latinoamérica y El Caribe. Esto representa el 25% del mercado financiero mundial, que es alrededor de USD 180 billones. En 2020, Mckinsey expresó que las instituciones financieras necesitan considerar el riesgo en sus carteras, respaldadas por una sólida comprensión cuantitativa y apoyada por nuevas herramientas, métricas y análisis, pues el principal desafío es proteger sus balances de la incertidumbre. Para McKinsey las oportunidades estarían en la financiación de una agenda verde: la transformación de la producción de energía hacia las energías renovables, la renovación de las plantas para evitar o capturar y almacenar las emisiones de carbono, y la electrificación del transporte y la automatización de la movilidad. Un informe de La Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI por sus siglas en inglés) menciona que el 41% de las instituciones de Latinoamérica y El Caribe que participaron en una encuesta, reconocieron no tener mecanismos para identificar, analizar y manejar los riesgos climáticos, debido a la falta de conocimiento sobre el impacto financiero del cambio climático, y por la ausencia de exigencias regulatorias. Otra encuesta realizada por la Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés) señaló que los principales desafíos para la adopción e incorporación de las finanzas verdes son la percepción de un apoyo insuficiente por parte de la alta dirección; la baja demanda de los clientes; la falta de conocimientos técnicos y de capacidad; y los costos desconocidos de la implementación de las finanzas verdes como una nueva línea de negocio.
Muchos países de Latinoamérica y el Caribe ya han iniciado medidas para atraer la atención de los agentes financieros y de inversión hacia la descarbonización y la capacidad de recuperación de las economías. Hay diferentes niveles de progreso dentro de esas iniciativas y hay espacio para reforzarlas y encontrar sinergias entre ellas. Algunas se encuentran en las primeras etapas de atraer a actores clave de instituciones tanto públicas como privadas (por ejemplo, Ecuador, Perú) o de generar un debate apoyado en el intercambio de conocimientos sobre las prácticas y tendencias internacionales (por ejemplo, Bolivia, Guatemala, Chile). Otras iniciativas ya están proporcionando instrumentos de reglamentación o de orientación (por ejemplo, Colombia, México, Chile, Brasil).
Mientras tanto, el Banco Interamericano de Desarrollo – BID menciona que la inversión en bonos verdes —títulos de deuda que se emiten para financiar proyectos que generen beneficios ambientales o contra el cambio climático— se multiplicaron por ocho en los últimos cinco años en Latinoamérica y El Caribe, con un alza más acelerada durante la pandemia.
La Revisión Anual de Inversión en Tecnología en Latinoamérica y El Caribe de LAVCA muestra que 2019 fue un año récord para la recaudación de fondos de capital de riesgo en la región (USD 1.080 millones a través de 28 vehículos). Otro informe de LAVCA muestra que para el período 2016-2017, hubo 67 inversiones de impacto en Latinoamérica y El Caribe, con asignaciones por USD 4.700 millones, siendo las microfinanzas y la agricultura los principales sectores de inversión, y el sector de la tecnología también un área clave de atención. Phoenix Capital Group muestra que el 41% de las inversiones de impacto consideran que podrían desplegar capital en Latinoamérica y El Caribe en sectores como las microfinanzas, la seguridad alimentaria, la salud y la energía limpia.
Según el KPMG 2020 CEO Outlook: COVID19, los Directores Ejecutivos de empresas del sector privado también reconocen que el cambio climático plantea una amenaza significativa en las próximas décadas y están manteniendo sus compromisos ESG, mientras buscan reconstruir sus organizaciones de manera que apoyen una economía nueva y sostenible. El 65% de los CEOs entrevistados respondieron que la gestión de los riesgos en Latinoamérica y El Caribe con el clima desempeñará un papel importante en el mantenimiento de sus puestos de trabajo o no en los próximos 5 años. Para avanzar, buscan duplicar los cambios estructurales que han surgido durante la crisis, como la disminución de los viajes de negocios (71% respondió que quieren afianzar los logros en materia de cambio climático obtenidos como resultado de la pandemia).
Las empresas, muchas de ellas con operaciones en Latinoamérica y el Caribe, ya están liderando la transformación del sector privado en consonancia con los objetivos del Acuerdo de París: Climate Action 100+, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), We Mean Business, Imperative21, B Corp Climate Collective, BLab, The B Team, Chief Executives for Corporate Purpose (CECP), The Coalition for Inclusive Capitalism, Just Capital, The Carbon Pricing Leadership Coalition, Net Zero 2030, Nexos+1, Race To Zero Campaign, entre otros.
London School of Economics (LSE) señala que las empresas de Latinoamérica y el Caribe tendrán que adaptarse a medida que la demanda de los consumidores cambie hacia productos más sostenibles en los mercados clave. La creciente popularidad de las propuestas del Green New Deal en los Estados Unidos y la Unión Europea traerá consigo inevitablemente cambios normativos que reconfigurarán las pautas de consumo. Los países en desarrollo deben anticiparse a estas reglamentaciones comerciales y normas de sostenibilidad ecológica y orientar su capacidad productiva hacia la exportación de bienes y servicios ecológicos que gozarán de acceso a largo plazo a los mayores mercados de consumo.
